Alberto Flores Callejas
Algunos
tópicos obligadamente se tornan recurrentes. El Instituto de Pensiones del
Estado (IPE) atraviesa por una preocupante crisis, lo cual hace indispensable
repasar algunos de los factores que lo tienen en situación precaria, de acuerdo
con la visión de importantes actores directamente involucrados en la
administración de ese Instituto. El pronóstico de quiebra en el mediano plazo
se va configurando así. Pareciera que eso nos anunciaran, que para eso alguien
quisiera sensibilizarnos.
El
pasado lunes apareció un pronunciamiento público signado por la Coalición de
Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (COPIPEV). La
publicación da cuenta de un IPE caracterizado históricamente por su ineficaz
administración, sin rendición de cuentas para los derechohabientes, sin
transparencia en la información a la que por ley está obligado, en el cual han
reinado la opacidad y el desapego a la norma que supuestamente lo rige. La
consabida expresión: “Caja Chica del Gobierno” para referirse al IPE, alude
inconfundiblemente a prácticas viciosas o de franca corrupción, a las cuales
casi ningún régimen estatal ha sido ajeno, pero que, según “vox populi”
alcanzaron la cúspide en el sexenio concluido hace poco más de un año.
Esa
carta abierta, dirigida en primer término al Ejecutivo del Estado, repasa
documentadas referencias que dibujan un IPE en crisis. Declaraciones
provenientes de líderes sindicales que forman o han formado parte del Consejo
Directivo y también de funcionarios del propio Instituto, confluyen en la
expectativa de un panorama desolador al tiempo que dejan clara la principal
causa de la debacle financiera, misma que no está en el adelgazamiento
burocrático del Estado, derivado de políticas neoliberales; ni en el
alargamiento de la esperanza vida, incluyendo por supuesto a los pensionados;
ni en las altas pensiones que, convenimos, en algunos casos no se justifican y
que el propio Consejo Directivo debió atajar.
Esas
y otras variables sin duda contribuyen adicionalmente al problema, pero la
causa principal está en el saqueo configurado por las cuotas no aportadas al
IPE durante años, tanto las correspondientes a la parte patronal como las que
SEFIPLAN deduce del sueldo de los trabajadores sin hacerlas llegar a su destino
y, ¡el colmo! “préstamos” que, dada la estructura orgánica del Instituto, de
hecho el propio Gobierno del Estado se ha hecho a sí mismo, los cuales
tradicionalmente “paga” cuando puede y quiere, con aportaciones esporádicas que
se publicitan como “salvamentos”, sin especificar a qué obligaciones
financieras y legales corresponden. Sería iluso pensar que tales préstamos
generen intereses. Gobiernos ha habido que saldan su adeudo asignando al IPE predios
de la reserva territorial, cuyo valor comercial es ínfimo, comparado con los
montos económicos sustraídos de lo que es patrimonio de los derechohabientes.
La
referida carta abierta abunda en reflexiones y datos, hace referencia a una
entrevista que la comisión representativa de COPIPEV tuvo con el actual
Director General del IPE y remata con el señalamiento del compromiso de
transparencia que el Ejecutivo del Estado declaró al dar posesión al
funcionario aludido. Los ofrecimientos que de allí se derivan constituyen un
imperativo para la supervivencia del IPE. Sólo con políticas de auténtica
rendición de cuentas podrá echarse abajo la opacidad que allí ha reinado.
Una
muestra de tal opacidad son las respuestas que el propio IPE ha aportado ante
solicitudes planteadas al amparo de la Ley de Acceso a la Información. Las
cuatro que enseguida se citan, extraídas del portal del propio Instituto,
resultan por demás significativas:
➢ El 6 de febrero de 2011 se solicitó el
tabulador de sueldos del IPE. La respuesta remite a la página
www.ipever.gob.mex, Allí, en el link de “transparencia” aparecen las
percepciones de 408 integrantes del personal del propio Instituto, empezando
por el Director General ($36,347.51). Nada se dice sobre las compensaciones al
personal de confianza.
➢ El 29 de marzo de 2011 se solicitó acceso a
los documentos de entrega recepción del IPE, que debieron haber firmado los
directores entrante y saliente, en las administraciones de los gobernadores
Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte. La parte esencial de la respuesta
fechada el 12 de abril de 2011 dice textualmente: … “no se le pueden dar a la
vista, toda vez que en ellos se encuentra información clasificada como de
acceso restringido en su modalidad de reservada”…
➢ El 23 de junio de 2011 se solicitó
información de los años 2000 a 2010 sobre servicios médicos, estados
financieros, sistemas de capitalización individual, unidades médicas,
planificación familiar, etc. La respuesta emitida el 29 de junio de 2011
expresa: (el IPE) … “no cuenta con consultorio médico, personal médico,
odontólogos, y tampoco maneja cuentas individuales de los derechohabientes”…
Tal respuesta nada aborda sobre estados financieros y sistemas de
capitalización.
➢ El 11 de agosto de 2011 se preguntó: “¿Cuánto
debe el Gobierno del Estado de Veracruz al IPE? en lo que concierne a los
artículos 17 y 18” (cuotas y aportaciones de conformidad con la ley) y se
solicitan copias de tales pagos. La respuesta fechada el 24 de agosto de 2011
reza: … “a la fecha el Gobierno del Estado no tiene adeudo con el IPE, las
copias (aludidas) están en poder de SEFIPLAN. 
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