- que se ponga fin a este trato inhumano, negligente e indigno:
- que se pague en tiempo y forma como corresponde a cualquier asalariado, cuantimás tratándose de personas vulnerables por salud deteriorada o edad avanzada;
- que el gobierno estatal cubra un porcentaje por mora, igual que se nos cobra a nosotros cuando dejamos de cubrir compromisos contraídos por servicios financieros o bancarios y comerciales a los que acudimos para compensar el daño que se nos provoca;
- que se aclaren las razones por las que se está incurriendo en este tipo de acciones y se transparente, de una vez por todas, el origen y destino de los fondos que maneja el Gobierno del Estado para evitar cualquier indicio de uso indebido e ilegal de los fondos públicos.
La razón de origen de la COPIPEV fue un descuento ilegal aplicado al aguinaldo de los pensionistas. La agrupación encaminó luego sus afanes en otros aspectos importantes pero, cuando menos algunos, un tanto circunstanciales. Pronto se percató de que lo realmente grave es la precaria salud financiera del IPE. Problema que no atañe sólo a los pensionistas, sino de manera seguramente más lesiva, en el futuro, al actual personal en activo de las diversas dependencias gubernamentales.
La COPIPEV está presta a aportar su concurso en pro de una solución consensuada y participativa, pero sólo lo hará con toda la información sobre la mesa. Sería impropio, por ejemplo, aumentar cuotas a los afiliados mientras no se abatan las estructuras operativas que, al amparo de la opacidad, durante décadas han dado lugar a que la ley vigente para el Instituto sea letra muerta.
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