La quiebra
del IPE. Crónica de una muerte anunciada
Lunes 28 julio, 2014
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Por Hilario Barcelata Chávez
La corrupción, los malos manejos
financieros y las excesivas pensiones que han recibido algunos altos
funcionarios jubilados, son algunas de las principales razones que
históricamente se han esgrimido para explicar la crisis financiera del
Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en los últimos 20 años. Ninguna de estos
factores, sin embargo, ha sido reconocido por el titular del Poder Ejecutivo
del estado de Veracruz en su iniciativa de la Ley de Pensiones que se acaba de
aprobar, en la cual se ha puesto atención exclusivamente en las razones
técnicas del problema y en las soluciones de esa misma naturaleza, dejando de
lado las medidas para asegurar un manejo honesto, eficiente y trasparente que
evite que se repita el saqueo y la mala administración a que ha sido sometido
el IPE durante décadas.
En 1993, cuando Manuel León de la
Maza llegó a hacerse cargo del IPE, declaró a la prensa local que había
encontrado un organismo descapitalizado, a tal extremo que se vería obligado a
vender sus empresas productivas y a dejar de construir casas. También dijo que
el déficit que enfrentaba el IPE era producto del mal manejo de la reserva
técnica del Instituto, aunque nunca actuó contra ningún funcionario de
administraciones anteriores. En aquel entonces también reconoció que existía un
déficit de 140 millones de pesos (mdp), que su reserva técnica (conformado por
bienes inmobiliarios, reserva líquida y cartera de préstamos) estaba
prácticamente agotada y que los 4.5 mdp mensuales que se captaban por concepto
de pagos de cuotas de los trabajadores, no eran suficientes para cubrir sus
necesidades financieras, por lo que había incurrido en un adeudo de 250 mdp,
mismo que crecía a un ritmo de 10 mdp mensuales.
Algunos años después, en 1996, la
líder del Setse Acela Servín (integrante del Consejo de Administración del IPE)
declaró que la administración del IPE había cometido una serie de
irregularidades que agudizaron su problemática y agotaron su reserva técnica y
que los problemas de la institución se debían a la corrupción y al hecho de que
los fondos del IPE se utilizaban para financiar campañas políticas (Diario de
Xalapa, 09-08-1996). El mismo León de la Maza declaró en rueda de prensa
(septiembre de 1996) que los responsables de la quiebra eran los consejeros
miembros del Consejo Directivo del IPE.
También Sabino Huitrón quien fue director
del IPE a fines de los 60s señaló en aquellos días, que la quiebra del IPE se
debía a la mala administración del Instituto y de sus empresas productivas. Por
su parte, los trabajadores del Hotel Xalapa (empresa propiedad del IPE) daban
muestra del despilfarro de recursos al afirmar que existía una nómina
confidencial en donde constaba el pago de elevadísimos sueldos a personal de
confianza y que existían dos habitaciones ocupadas por personal de gobierno del
estado y del PRI contando con servicios de alimentos y bebidas que el hotel
tenía que asumir como pérdida pues nadie se lo pagaba.
Ese mismo año y para enfrentar la
crisis financiera, el Gobierno del Estado realizó una reforma a la ley del IPE
que apuntaba a un rescate financiero para liquidar la deuda del organismo,
reconstituir su reserva técnica y establecer algunos mecanismos para un mejor
funcionamiento, pero que dejó sin atender dos de los principales reclamos de
los trabajadores: la necesidad de profundizar en una investigación que explicara
el destino y uso que tuvieron los fondos financieros del IPE y la necesidad de
evitar un incremento a las cuotas de los trabajadores, las que se incrementaron
al pasar de un 7% a un 11% de su salario mensual. También quedó pendiente la
profunda reestructuración administrativa que requería el instituto y los
cambios legales necesarios para asegurar que funcionarios ineficientes y
corruptos volvieran a atentar contra el patrimonio público. Así, la
intervención del Ejecutivo estatal salvó temporalmente al IPE, pero al
mismo tiempo salvó de la investigación y de la exhibición pública a todos
aquellos que tenían responsabilidad con al manejo del dinero y patrimonio del
IPE. Quedó pendiente entonces como ahora, una reforma a la Ley del IPE que
garantizara a los trabajadores que sus aportaciones no serían objeto nuevamente
de malos manejos.
En aquellos años decía yo que ese
rescate financiero del IPE no solucionaba los problemas de fondo (Diario de
Xalapa, 14-10-1996) por lo que era de esperarse que en el corto plazo
se volviera a presentar un problema similar. Y que obviamente para ese
entonces, otros serían los que tendrían que resolverlo pues los responsables ya
no estarían aquí y que los que nunca se irían y seguirían pagando las
consecuencias serían los trabajadores, lo cual constituía un acto de
verdadera injusticia social. Tal como lo dije ha sucedido, ese
futuro llegó y con él entre otras cosas, un nuevo incremento a las cuotas que
se cobrarán a los trabajadores que ahora serán del 15%.
En 1999 los problemas reaparecieron
ya que el IPE volvió a presentar una nueva crisis financiera expresada en un
déficit de 112 mdp, lo cual mostró muy rápidamente (tres años apenas) la
ineficiencia de las medidas implementadas en 1996.
Hoy, como en 1993, como en 1996, como
en 1999, es preciso conocer a dónde ha ido a parar tanto dinero que capta el
IPE, cómo se ha usado su patrimonio, cuáles son las causas reales de la
quiebra, quiénes son los responsables.
Es preciso que el gobierno del estado aclare estas dudas, nos dé respuestas
y tome soluciones inmediatas. Porque la de 2014 podría no ser la última de las
reformas necesarias para evitar la desaparición del IPE y es hora de que
tengamos soluciones definitivas en torno, por el bien de nuestros viejos que ya
se lo ganaron, por el bien de los que hoy trabajan y se merecen un futuro
digno.
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