La razón de origen de la COPIPEV fue un descuento ilegal aplicado al aguinaldo de los pensionistas. La agrupación encaminó luego sus afanes en otros aspectos importantes pero, cuando menos algunos, un tanto circunstanciales. Pronto se percató de que lo realmente grave es la precaria salud financiera del IPE. Problema que no atañe sólo a los pensionistas, sino de manera seguramente más lesiva, en el futuro, al actual personal en activo de las diversas dependencias gubernamentales.

La COPIPEV está presta a aportar su concurso en pro de una solución consensuada y participativa, pero sólo lo hará con toda la información sobre la mesa. Sería impropio, por ejemplo, aumentar cuotas a los afiliados mientras no se abatan las estructuras operativas que, al amparo de la opacidad, durante décadas han dado lugar a que la ley vigente para el Instituto sea letra muerta.

miércoles, 16 de julio de 2014

ESPACIO CIUDADANO
En la aldea, opacidad y demagogia.
Jorge E. Lara de la Fraga.
“A río revuelto, ganancia de…”; empiezan a aletear aves sombrías,                                                            manchadas en el pantano de la corrupción.

En un secreto a voces que en nuestra entidad veracruzana se padece una crisis del orden financiero y que por más que nuestras autoridades traten de negar el hecho surgen por doquier obras pendientes, acreedores, reclamos, protestas y rezagos. Sin ir más lejos, se filtró el dato que la deuda pública estatal supera los 37,000 millones de pesos y que la renuncia del último titular de SEFIPLAN tiene su origen en ese desequilibrio monetario y material. Aunado a ello la comunidad jarocha está preocupada por el clima de inseguridad que priva en nuestra patria chica, observando al respecto que nuestros gobernantes no pueden frenar ese fantasma creciente de la delincuencia organizada. Para acabarla de amolar, la ciudadanía constata cotidianamente que más allá de las declaraciones grandilocuentes y del bombardeo mediático a favor del sistema, hay ausencia de transparencia institucional y poca o nula credibilidad de las personas hacia los funcionarios y  hacia los “representantes populares”.
En el contexto de ese escenario nada optimista, se corrió en días pasados la especie o el rumor de que al término de la gestión del Dr. Javier Duarte de Ochoa, en 2016, se establecerá de manera especial una gubernatura de transición de 2 años para cubrir el bienio 2016-2018, con el propósito de homologar a la entidad con el cambio de poderes del ámbito federal a desarrollarse en el 2018. Así, después de ese lapso gubernamental atípico avalado oportunamente por la Legislatura Local, vendría una administración sexenal jarocha que concordaría cronológicamente con los comicios para renovar al Ejecutivo Federal, a los diputados que sesionan en San Lázaro y a los Senadores de la República. Tal proyecto o propuesta puede llevarse al cabo, tal como ocurrió en Puebla o en Guerrero, pero también puede ser un gran distractor o “un borrego”, hablando en caló politiquero, para que varios de los ansiosos por el poder pierdan el equilibrio y cometan errores garrafales.
En mi carácter de ciudadano preocupado por la problemática veracruzana, me sobresalto ante la posibilidad de que esa idea de una administración de transición pueda cristalizarse, toda vez que si gobernantes con 6 años de encomienda no han podido “con el paquete”, me atrevo a suponer que un “virrey interino” o de paso sólo trataría de cubrir las apariencias y para nada emprendería estrategias y políticas que reencaucen el navío estatal. En 24 meses de labor es muy complicado atender los requerimientos legítimos de casi 7 millones y medio de veracruzanos, oxigenar las arcas públicas, atender los renglones educativos, de salud y de vivienda, eficientar los servicios y limpiar un tanto los estercoleros de ciertas dependencias, todo ello sin dejar de mencionar la seguridad, el empleo, la procuración de justicia y el urgente desarrollo regional sustentable, así como la preservación del ya deteriorado patrimonio ecológico. Y más me sobresalto si llega al supremo sitio un individuo “maleado”, un ser identificado a plenitud con un personaje siniestro bastante conocido, que es el causante en buena proporción del desbarajuste económico en que nos encontramos los veracruzanos.
Quisiera pensar que ello no pasará y de manera optimista formulo mis mejores deseos de que en ese futuro cercano de cara al 2016 llegará a la gubernatura de nuestra entidad un político sensible que aprovechará de manera inteligente las fortalezas y riquezas de nuestro territorio y configurará un plan de trabajo viable para satisfacer los requerimientos urgentes de la colectividad. En verdad es imprescindible el advenimiento de políticos en toda la extensión de la palabra; urge la presencia de estadistas con visión de largo alcance; es menester la presencia de representantes populares con sensibilidad de servicio y pletóricos de energía para llevar al cabo las tareas trascendentales y necesarias.
Por último, entre paréntesis, “la cereza en el pastel”, se sabe de buena fuente que en este mes de julio llegará a la H. Legislatura del Estado un paquete de iniciativas de ley remitidas por el Ejecutivo Local, entre las cuales se encuentra la relativa a una reforma a la normatividad del IPE, la cual – se asevera en los corrillos- será votada y aprobada de manera rápida, sin la intervención u opinión de los derechohabientes de ese organismo solidario, exhibiéndose así -  una vez más - las autoridades superiores, mismas que prometieron fervientemente a los jubilados que serían tomados en cuenta en ese importante proceso de reestructuración institucional. Ver para creer. Habrá que actuar en consecuencia.
JELF/halt

Atentamente


Profr. Jorge E. Lara de la Fraga.

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