Alberto Flores Callejas
Una imagen intencionadamente sesgada
se pretende crear y difundir en torno a la precaria situación del Instituto de
Pensiones del Estado (IPE). En días recientes, evidentes filtraciones, que no
pueden provenir más que del propio Instituto, dieron margen a la aparición
prácticamente simultánea en medios de amplia difusión, -incluidos algunos
manejados por vía electrónica- de notas alusivas a un ya inocultable desastre
financiero. Curiosamente, casi toda la información y los comentarios publicados
se enfocan a señalar que tal desastre tiene como causa los altos montos de las
pensiones percibidas por cuando menos 500 jubilados. Se aportan incluso algunos
nombres y se dan “pistas” sobre otros de los “culpables” de que el Instituto se
halle al borde de la quiebra.
No dudamos que, efectivamente, se
hayan tolerado abusos. Es un hecho que algunos pensionados fueron jubilados con
varias plazas cuya suma de horas de trabajo implicaría una jornada
prácticamente imposible de cubrir. Es también conocida la fórmula de acumular
plazas o ascensos en los meses previos al retiro del trabajador. Sin embargo,
alcanzar en el IPE una alta pensión no es necesariamente sinónimo de artimaña o
corrupción. Resulta por demás injusta la generalización, y no solamente
injusto, sino absurdo, responsabilizar a los jubilados de que el IPE les haya
asignado altas pensiones. Las verdaderas culpas del desastre financiero están
en otro frente.
El tema da para rato, pero quizá una
de las notas que mejor condensan la principal causa de la crisis por la que
atraviesa el IPE, es la que hizo publicar la maestra Adriana Chávez en “La
Jornada” del viernes 28 de octubre (Pag.33), en la columna de Carlos Fernández
Vega, bajo el rubro: “SOS desde Veracruz” Adriana apunta: “Somos jubilados de
diferentes instituciones del estado y como tal cotizamos durante toda nuestra
vida activa al Instituto de Pensiones (IPE) el 11% de nuestro sueldo. Por ley
el gobierno estatal debe abonar al IPE el 13.5 por ciento por trabajador.
Creímos que nuestro fondo de ahorro nos permitiría retirarnos con dignidad y
tranquilidad, pero resulta que el gobierno no sólo no pagó lo que le
correspondía, sino que tampoco ingresó nuestras cuotas. No sólo eso: pidió
prestado y debe alrededor de 3 mil 500 millones de pesos al Instituto, La gran
noticia es que el IPE está quebrado. La otra gran noticia es que no aceptaremos
esa quiebra y estamos exigiendo cuentas claras y refundación del IPE. Coalición
de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz”.
Da mucho que pensar la opacidad con
que el IPE se ha manejado tradicionalmente, ganando a pulso su fama de “caja
chica” en diferentes regímenes estatales. Al Gobierno actual, que aún no cumple
un año de estar en funciones y al que sería impropio atribuirle la
responsabilidad de lo que históricamente ha sido el IPE, le está explotando un
problema añejo que tendrá que afrontar casi de inmediato. Para el caso será
indispensable dejar atrás esa opacidad, de la cual un testimonio muy
ilustrativo son las respuestas que suele dar el Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información (IVAI). Veamos un ejemplo, justamente relativo al IPE, tomado
de un documento distribuido entre sus miembros por la Coalición de Pensionistas
del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (COPIPEV).
…“Avizorando la inminencia de la
crisis, la solicitud aludida requirió acceso a documentos relativos a la
entrega-recepción del IPE en los relevos del gobierno estatal, acaecidos en los
años 2004 y 2010 a fin de contar con una visión cuando menos preliminar sobre
el estado financiero del Instituto.
Tal solicitud fue denegada citando
inverosímiles argumentos, de los cuales enseguida transcribimos partes
medulares: …“le participo que los documentos de entrega-recepción de fecha 30
de noviembre de 2004, del L.A.E. José Antonio Kuri Kuri, como Director saliente
de este Instituto a el C.P. Oscar Rodríguez Hernández como Director General
entrante, que Usted nos ha solicitado, no se le pueden dar a la vista, toda vez
que en ellos se encuentra información clasificada como de acceso restringido en
su modalidad de reservada,…los documentos de la entrega recepción del Mtro.
Abel Cuéllar Morales como Director General saliente del Instituto, a el C. P.
Gonzalo Morgado Huesca como Director General entrante, tampoco se le pueden dar
a la vista toda vez que en ellos se encuentra información clasificada como de
acceso restringido en su modalidad de reservada, tal como los Estudios
Actuariales, Sorteos La Veracruzana,… proporcionarle esta información
implicaría poner en riesgo los estados financieros de este Instituto, en
términos del artículo 12, fracción VI de la Ley No. 848 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz “…
En otra parte de la respuesta,
abundando en pretendidos argumentos que muy mal justifican un obvio
ocultamiento de la información solicitada, la cual debiera ser absolutamente transparente,
se expresa:
…“su divulgación puede poner en
riesgo los estados financieros de este Organismo de Seguridad Social (IPE), en
términos de la fracción VI del artículo 12 antes citado; aunado a que la
difusión de dicha información, pone en peligro la estabilidad financiera o
económica del Estado… la liberación de tal información amenaza el interés
público protegido por la misma, con lo cual el daño que puede producirse con
ella sería mayor que el interés público de conocerla”…(Fragmentos textuales tomados
del expediente IVAI-REV/419/2011/LCMC, de fecha 6 de julio de 2011, firmado por
Luz del Carmen Martí Capitanachi, Consejera Presidente; José Luis Bueno Bello y
Rafaela López Salas, Consejeros; así como por David Del Ángel Moreno,
Secretario de Actas Habilitado).
Tamaña “justificación”, obliga a
pensar que si la información requerida sobre el IPE no puede hacerse pública es
porque algo “grueso” contiene, tanto que se afirma oficialmente: su difusión no
sólo pone en riesgo los estados financieros del propio IPE sino pone en peligro
la estabilidad económica del Estado.
El asunto tiene facetas especialmente
complejas, pero una conclusión inescapable es que la responsabilidad mayor del
desastre financiero está en quienes han tomado decisiones sobre el manejo de
los recursos del Instituto, es decir, quienes lo han administrado, incluidos
los integrantes del Consejo Directivo, organismo que, conforme a derecho, ha
tenido todas las facultades para evitar el colapso que hoy se enfrenta.
A los trabajadores afiliados al IPE
durante su vida laboral se les descontó el 11% de su salario, más el 13.5% que
por cada uno de ellos debió aportar el patrón, en este caso el Gobierno del
Estado. La suma rebasa el 25% de cada sueldo, cifra probablemente récord a
nivel nacional. Ha tenido el Instituto negocios florecientes en algunas épocas.
Los préstamos mismos representan un filón. Por la ineficiente, si no corrupta
administración de todo eso que hasta hoy es un secreto, habrá que escudriñar
las causas del desastre. Culpar a los pensionados, por altas que en algunos
sean sus percepciones, constituye un sesgo perverso.
alberto.flores.ver@hotmail.com
No hay comentarios :
Publicar un comentario