La razón de origen de la COPIPEV fue un descuento ilegal aplicado al aguinaldo de los pensionistas. La agrupación encaminó luego sus afanes en otros aspectos importantes pero, cuando menos algunos, un tanto circunstanciales. Pronto se percató de que lo realmente grave es la precaria salud financiera del IPE. Problema que no atañe sólo a los pensionistas, sino de manera seguramente más lesiva, en el futuro, al actual personal en activo de las diversas dependencias gubernamentales.

La COPIPEV está presta a aportar su concurso en pro de una solución consensuada y participativa, pero sólo lo hará con toda la información sobre la mesa. Sería impropio, por ejemplo, aumentar cuotas a los afiliados mientras no se abatan las estructuras operativas que, al amparo de la opacidad, durante décadas han dado lugar a que la ley vigente para el Instituto sea letra muerta.

jueves, 27 de septiembre de 2012

IPE, la responsabilidad del desastre



Alberto Flores Callejas

Publicado el 03 Noviembre 2011  http://2neweb.com/gazete/?p=64383
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CONTRASTES


Una imagen intencionadamente sesgada se pretende crear y difundir en torno a la precaria situación del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). En días recientes, evidentes filtraciones, que no pueden provenir más que del propio Instituto, dieron margen a la aparición prácticamente simultánea en medios de amplia difusión, -incluidos algunos manejados por vía electrónica- de notas alusivas a un ya inocultable desastre financiero. Curiosamente, casi toda la información y los comentarios publicados se enfocan a señalar que tal desastre tiene como causa los altos montos de las pensiones percibidas por cuando menos 500 jubilados. Se aportan incluso algunos nombres y se dan “pistas” sobre otros de los “culpables” de que el Instituto se halle al borde de la quiebra.

No dudamos que, efectivamente, se hayan tolerado abusos. Es un hecho que algunos pensionados fueron jubilados con varias plazas cuya suma de horas de trabajo implicaría una jornada prácticamente imposible de cubrir. Es también conocida la fórmula de acumular plazas o ascensos en los meses previos al retiro del trabajador. Sin embargo, alcanzar en el IPE una alta pensión no es necesariamente sinónimo de artimaña o corrupción. Resulta por demás injusta la generalización, y no solamente injusto, sino absurdo, responsabilizar a los jubilados de que el IPE les haya asignado altas pensiones. Las verdaderas culpas del desastre financiero están en otro frente.

El tema da para rato, pero quizá una de las notas que mejor condensan la principal causa de la crisis por la que atraviesa el IPE, es la que hizo publicar la maestra Adriana Chávez en “La Jornada” del viernes 28 de octubre (Pag.33), en la columna de Carlos Fernández Vega, bajo el rubro: “SOS desde Veracruz” Adriana apunta: “Somos jubilados de diferentes instituciones del estado y como tal cotizamos durante toda nuestra vida activa al Instituto de Pensiones (IPE) el 11% de nuestro sueldo. Por ley el gobierno estatal debe abonar al IPE el 13.5 por ciento por trabajador. Creímos que nuestro fondo de ahorro nos permitiría retirarnos con dignidad y tranquilidad, pero resulta que el gobierno no sólo no pagó lo que le correspondía, sino que tampoco ingresó nuestras cuotas. No sólo eso: pidió prestado y debe alrededor de 3 mil 500 millones de pesos al Instituto, La gran noticia es que el IPE está quebrado. La otra gran noticia es que no aceptaremos esa quiebra y estamos exigiendo cuentas claras y refundación del IPE. Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz”.

Da mucho que pensar la opacidad con que el IPE se ha manejado tradicionalmente, ganando a pulso su fama de “caja chica” en diferentes regímenes estatales. Al Gobierno actual, que aún no cumple un año de estar en funciones y al que sería impropio atribuirle la responsabilidad de lo que históricamente ha sido el IPE, le está explotando un problema añejo que tendrá que afrontar casi de inmediato. Para el caso será indispensable dejar atrás esa opacidad, de la cual un testimonio muy ilustrativo son las respuestas que suele dar el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Veamos un ejemplo, justamente relativo al IPE, tomado de un documento distribuido entre sus miembros por la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (COPIPEV).

…“Avizorando la inminencia de la crisis, la solicitud aludida requirió acceso a documentos relativos a la entrega-recepción del IPE en los relevos del gobierno estatal, acaecidos en los años 2004 y 2010 a fin de contar con una visión cuando menos preliminar sobre el estado financiero del Instituto.
Tal solicitud fue denegada citando inverosímiles argumentos, de los cuales enseguida transcribimos partes medulares: …“le participo que los documentos de entrega-recepción de fecha 30 de noviembre de 2004, del L.A.E. José Antonio Kuri Kuri, como Director saliente de este Instituto a el C.P. Oscar Rodríguez Hernández como Director General entrante, que Usted nos ha solicitado, no se le pueden dar a la vista, toda vez que en ellos se encuentra información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada,…los documentos de la entrega recepción del Mtro. Abel Cuéllar Morales como Director General saliente del Instituto, a el C. P. Gonzalo Morgado Huesca como Director General entrante, tampoco se le pueden dar a la vista toda vez que en ellos se encuentra información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, tal como los Estudios Actuariales, Sorteos La Veracruzana,… proporcionarle esta información implicaría poner en riesgo los estados financieros de este Instituto, en términos del artículo 12, fracción VI de la Ley No. 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz “…

En otra parte de la respuesta, abundando en pretendidos argumentos que muy mal justifican un obvio ocultamiento de la información solicitada, la cual debiera ser absolutamente transparente, se expresa:
…“su divulgación puede poner en riesgo los estados financieros de este Organismo de Seguridad Social (IPE), en términos de la fracción VI del artículo 12 antes citado; aunado a que la difusión de dicha información, pone en peligro la estabilidad financiera o económica del Estado… la liberación de tal información amenaza el interés público protegido por la misma, con lo cual el daño que puede producirse con ella sería mayor que el interés público de conocerla”…(Fragmentos textuales tomados del expediente IVAI-REV/419/2011/LCMC, de fecha 6 de julio de 2011, firmado por Luz del Carmen Martí Capitanachi, Consejera Presidente; José Luis Bueno Bello y Rafaela López Salas, Consejeros; así como por David Del Ángel Moreno, Secretario de Actas Habilitado).

Tamaña “justificación”, obliga a pensar que si la información requerida sobre el IPE no puede hacerse pública es porque algo “grueso” contiene, tanto que se afirma oficialmente: su difusión no sólo pone en riesgo los estados financieros del propio IPE sino pone en peligro la estabilidad económica del Estado.

El asunto tiene facetas especialmente complejas, pero una conclusión inescapable es que la responsabilidad mayor del desastre financiero está en quienes han tomado decisiones sobre el manejo de los recursos del Instituto, es decir, quienes lo han administrado, incluidos los integrantes del Consejo Directivo, organismo que, conforme a derecho, ha tenido todas las facultades para evitar el colapso que hoy se enfrenta.

A los trabajadores afiliados al IPE durante su vida laboral se les descontó el 11% de su salario, más el 13.5% que por cada uno de ellos debió aportar el patrón, en este caso el Gobierno del Estado. La suma rebasa el 25% de cada sueldo, cifra probablemente récord a nivel nacional. Ha tenido el Instituto negocios florecientes en algunas épocas. Los préstamos mismos representan un filón. Por la ineficiente, si no corrupta administración de todo eso que hasta hoy es un secreto, habrá que escudriñar las causas del desastre. Culpar a los pensionados, por altas que en algunos sean sus percepciones, constituye un sesgo perverso.

alberto.flores.ver@hotmail.com

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